La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Gobierno de México por el uso de prisión preventiva oficiosa y ordenó adecuar el ordenamiento jurídico para que sea compatible con estándares internacionales.
Mediante sentencia, la CIDH ordenó adecuar el ordenamiento jurídico sobre prisión preventiva oficiosa y arraigo, por el caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz.
La Corte Interamericana encontró responsable al Estado de México de violaciones a derechos humanos de las dos personas quienes fueron enviados a prisión preventiva oficiosa por 17 años y que sufrieron tortura en ese periodo.
Al confirmarse las violaciones de integridad personal, libertad personal, protección judicial, presunción de inocencia y al principio de plazo razonable, García y Alpízar son las personas que más han permanecido en la cárcel sin recibir sentencia.
Ambos fueron acusados del homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, en 2001 y fue hasta 2022 cuando fueron sentenciados a 35 años de prisión, misma resolución que está en apelación.