La exsecretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno de Puebla, María Teresa Castro Corro, fue declarada responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones por la fallida inversión de 600 millones de pesos en Accendo Banco, realizada durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
La resolución, emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla, marca uno de los fallos más relevantes en materia de combate a la corrupción dentro de la administración pública estatal en los últimos años.
Sanción millonaria e inhabilitación por 20 años
La sentencia, con fecha del 30 de septiembre de 2025, establece una sanción económica de 362 millones 997 mil 700 pesos contra María Teresa Castro Corro, equivalente al 60% del monto perdido en la operación financiera con Accendo Banco, además de una inhabilitación por 20 años para ocupar cualquier cargo público.
El fallo, firmado por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino, señala:
“Se determina que María Teresa Castro Corro, quien al momento de los hechos ocupó el cargo de Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, es plenamente responsable en la comisión de faltas administrativas graves, consistentes en Desvío de Recursos Públicos y Abuso de Funciones… por lo tanto, se impone sanción administrativa e indemnización en términos de la sentencia”.
La resolución forma parte del expediente 134/2024-PRA-SERA-2, en el cual se documenta que la exsecretaria realizó tres inversiones pendientes de cobro en Accendo Banco S.A., institución financiera que colapsó meses después de recibir los recursos públicos. El tribunal concluyó que dichas operaciones causaron un perjuicio económico y daño patrimonial al Estado de Puebla por 604 millones 996 mil 100 pesos.
Participación de otros funcionarios bajo presunción
Los magistrados señalaron que, debido a la estructura jerárquica del proceso de inversión, otra persona participó en la toma de decisiones que derivó en el daño patrimonial, aunque la sentencia no menciona su nombre. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que el otro presunto responsable podría ser el exmandatario estatal Miguel Barbosa Huerta, fallecido en diciembre de 2022.
La Sala Especializada enfatizó que los servidores públicos deben garantizar el cuidado del patrimonio estatal, ya que los recursos invertidos sin recuperación habrían sido destinados a servicios prioritarios para las y los ciudadanos poblanos.
Otra inversión cuestionada: Fóndika
Además del caso de Accendo Banco, a Castro Corro se le señala otra irregularidad financiera: la inversión de 6 mil 800 millones de pesos de las arcas estatales en el broker financiero Fóndika S.A. de C.V..
Este movimiento fue considerado de alto riesgo y sin los controles técnicos ni legales requeridos para garantizar el uso adecuado de recursos públicos. La inhabilitación por 20 años se impuso debido a que las faltas atribuidas exceden 200 veces el valor diario de la UMA, como lo establece el artículo 78, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Antecedentes del caso Accendo Banco
En abril de 2023, María Teresa Castro Corro reconoció públicamente que en junio de 2021 se invirtieron 600 mdp en Accendo Banco, institución que fue declarada en bancarrota tres meses después.
La situación provocó que se interpusieran tres denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), según informó la actual secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales Guerrero.
Morales señaló el 20 de junio de 2024 que la posibilidad de recuperar el dinero “ya no depende del Gobierno del Estado, sino del Gobierno Federal”, debido a que el proceso quedó bajo administración nacional tras la quiebra del banco.
Golpe a la corrupción y precedente en el servicio público
Este fallo representa un precedente importante en materia de responsabilidades administrativas en el Gobierno de Puebla, pues sanciona a una de las figuras más relevantes del sector financiero del sexenio pasado, enviando un mensaje contra el uso indebido de recursos públicos.
La resolución también fortalece los mecanismos de vigilancia sobre el manejo del erario, especialmente en operaciones financieras, inversiones y uso de recursos públicos destinados a fondos gubernamentales.
La inhabilitación por 20 años y la multa de más de 362 millones de pesos envían un mensaje claro: quienes administren recursos públicos deberán hacerlo con absoluta transparencia y bajo estricto cumplimiento de la ley.
El caso continúa abierto en materia penal, mientras que miles de millones de pesos siguen sin recuperarse, a la espera de resoluciones del Gobierno de México y autoridades federales sobre la liquidación del banco y posibles rutas de reintegración del daño al patrimonio estatal.
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