En una sesión clave, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Puebla aprobó una serie de reformas legislativas que buscan clarificar las funciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y fortalecer los derechos de las mujeres y grupos vulnerables. Estas modificaciones, que incluyen cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, y la Ley de Transporte del Estado, representan un avance significativo en la organización y eficiencia de las instituciones públicas.
Atribuciones exclusivas para la SMT en vigilancia vial
Uno de los puntos más destacados de las reformas es la redefinición de las atribuciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte. A partir de ahora, la SMT tendrá facultades exclusivas para vigilar las vialidades estatales, lo que permitirá una mejor coordinación y eficiencia en la gestión del tránsito y la movilidad. Con esta medida, se busca eliminar la duplicidad de funciones que actualmente comparte con la Secretaría de Seguridad Pública.
Además, se creará la Agencia de Proximidad Vial, un organismo especializado cuyos agentes serán los responsables de supervisar y garantizar el orden en las carreteras y calles del estado. Esta iniciativa responde a la necesidad de contar con un ente dedicado exclusivamente a la seguridad vial, lo que contribuirá a reducir accidentes y mejorar la fluidez del tránsito.
Otro aspecto relevante es el incremento en la antigüedad permitida para las unidades de transporte mercantil, como taxis locales, que pasará de 7 a 10 años. Esta medida busca optimizar los recursos y brindar mayor flexibilidad a los prestadores de servicios de transporte, sin comprometer la seguridad de los usuarios.
Secretaría de la Mujer: un cambio de nombre con enfoque Inclusivo
En el ámbito de la igualdad de género, la Comisión también avaló la modificación del nombre de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva, que ahora se denominará Secretaría de las Mujeres. Este cambio no es meramente simbólico, sino que refleja un compromiso más profundo con la promoción de los derechos de las mujeres y la creación de espacios laborales libres de violencia y discriminación.
La reforma, impulsada por la diputada Laura Artemisa García Chávez, busca fortalecer el derecho al cuidado de los grupos vulnerables y garantizar que las políticas públicas incluyan perspectivas de género e inclusión. La nueva Secretaría de las Mujeres tendrá la responsabilidad de promover entornos laborales accesibles, igualitarios y seguros, tanto en el ámbito público como en el privado.
Inclusión en el Proceso Electoral Judicial 2025
En otro tema de relevancia, la Comisión aprobó un exhorto al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en el marco del Proceso Electoral Judicial 2025, se implementen estrategias de comunicación inclusivas. Estas acciones deberán considerar formatos aumentativos que faciliten el acceso a la información para personas con discapacidad, garantizando así su derecho al voto.
Esta iniciativa busca que los perfiles de las candidaturas y la información sobre el voto anticipado sean accesibles para todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades. Con ello, se refuerza el compromiso del Estado con la inclusión y la participación democrática.
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