La condena de 60 años de prisión dictada contra Javier López Zavala por el delito de feminicidio es jurídicamente sólida y no corre riesgo de ser revertida, aun cuando la defensa recurra a mecanismos como la apelación y el amparo, aseguró la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt. La funcionaria afirmó que el expediente fue integrado con extremo cuidado y que los tribunales superiores confirmarán la sentencia debido a la contundencia de las pruebas presentadas.
En declaraciones recientes, la titular de la Fiscalía reconoció que la defensa del sentenciado agotará todas las vías legales disponibles, como lo permite el marco jurídico mexicano. Sin embargo, subrayó que estos recursos no modifican la fortaleza del fallo obtenido la semana pasada, el cual es resultado de un proceso exhaustivo y técnicamente bien sustentado.
Un expediente robusto con casi 160 pruebas
Idamis Pastor Betancourt destacó que la sentencia contra Javier López Zavala no fue producto de la casualidad ni de presiones externas, sino del trabajo coordinado de la institución, que logró integrar casi 160 pruebas, entre testimoniales y periciales. Este cúmulo probatorio permitió acreditar plenamente su responsabilidad en el feminicidio de Cecilia Monzón.
Un elemento clave para fortalecer el caso fue la sentencia previa por violencia familiar que Zavala enfrentó cuando la víctima aún vivía. De acuerdo con la Fiscal, este antecedente permitió construir una línea clara de violencia sistemática, lo que fue determinante para que el tribunal dictara la pena máxima y ordenara un resarcimiento integral del daño a las víctimas indirectas.
Dilación del proceso y estrategia de la defensa
Respecto al hecho de que el proceso judicial superara los dos años que establece la ley para dictar sentencia, la Fiscal explicó que esto se debió exclusivamente a las estrategias dilatorias de la defensa. Entre ellas, mencionó los cambios constantes de abogados y la presentación de impugnaciones reiteradas con el objetivo de retrasar las audiencias y desgastar a la parte acusadora.
Estas tácticas, señaló, finalmente fracasaron ante la persistencia de la Fiscalía y de la familia de la víctima, quienes mantuvieron firme la exigencia de justicia. “Tienen derecho a apelar y a ampararse, pero estoy segura de que el tribunal de alzada va a confirmar nuestra sentencia de 60 años, porque fue muy cuidada”, afirmó Idamis Pastor.
Sin influencia mediática ni privilegios políticos
La Fiscal General rechazó que la presión mediática o el perfil político de Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla, hayan influido en la actuación de los jueces o en la integración del expediente. Recalcó que la justicia se litiga en los juzgados y no en los medios, y que el caso se condujo con apego estricto a la ley, sin trato diferenciado.
En este contexto, enfatizó que la sentencia por feminicidio es resultado exclusivo de la procuración de justicia y del correcto desahogo de las pruebas, lo que garantiza su viabilidad ante cualquier apelación.
Participación de la familia y sociedad civil
Un punto que la Fiscal consideró determinante fue la participación activa de Helena Monzón, hermana de la víctima, y de su equipo legal. Esta colaboración permitió identificar áreas de oportunidad, fortalecer la estrategia jurídica y vigilar cada etapa del juicio, marcando una diferencia respecto a otros casos de feminicidio en la entidad.
Para Idamis Pastor, este trabajo conjunto entre la autoridad y la sociedad civil demuestra que la vigilancia ciudadana y la exigencia de justicia pueden incidir positivamente en los resultados judiciales.
Traslado al Altiplano y llamado a reforma legal
Sobre el traslado de Javier López Zavala al penal de máxima seguridad del Altiplano, la Fiscal aclaró que dicha decisión no fue solicitada ni gestionada por la Fiscalía General del Estado, sino que responde a criterios administrativos del sistema penitenciario federal.
Finalmente, Idamis Pastor Betancourt hizo un llamado a revisar el marco legal para evitar que recursos como la apelación o el amparo se utilicen de manera abusiva para retrasar los procesos. Señaló que el caso Monzón evidencia la necesidad de reformas que garanticen una justicia pronta y expedita, sin menoscabar los derechos de las víctimas.
Con ello, la Fiscalía reiteró su confianza en que la sentencia de 60 años contra Javier López Zavala por feminicidio será ratificada en todas las instancias.
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