Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa luego de que un juez de control le imputara los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia, relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
La determinación se tomó durante una audiencia inicial que se prolongó por más de seis horas en el Centro de Justicia Federal ubicado junto al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El juez rechazó la petición de la defensa para que el exmandatario pudiera cumplir la medida cautelar bajo arraigo domiciliario, al considerar que no se acreditaban las condiciones legales para conceder dicha excepción.
Ángel Aguirre compareció en silla de ruedas
Durante la audiencia, Ángel Aguirre Rivero se presentó en silla de ruedas, luego de que reportara complicaciones de salud tras su detención ocurrida la mañana del jueves en el Estado de México.
El exgobernador, quien padece hipertensión, señaló que su estado de salud se deterioró después de ser detenido y que durante la noche presentó malestares mientras permanecía en el penal. Incluso, antes de iniciar la audiencia, fue valorado por un médico del centro penitenciario.
Su defensa utilizó estos argumentos, además de su edad, para solicitar que la prisión preventiva pudiera cumplirse en su domicilio. Sin embargo, el juez determinó que no procedía aplicar la excepción prevista en la legislación.
FGR acusa a Aguirre de ocultar y destruir evidencias
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso que el exgobernador es señalado como presunto responsable de ordenar el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En esa fecha, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron privados de la libertad y posteriormente desaparecidos, en uno de los casos de violaciones graves a los derechos humanos que ha marcado la historia reciente de México.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, la destrucción de evidencias habría impedido conocer con mayor precisión lo ocurrido aquella noche y el paradero de los estudiantes.
La imputación se sustenta, entre otros elementos, en los testimonios de dos funcionarias del Poder Judicial de Guerrero, identificadas como Blanca “N” y Lambertina “N”.
Señalan destrucción de videos del Palacio de Justicia
Uno de los principales elementos mencionados durante la audiencia son los videos de las cámaras de vigilancia ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con el testimonio presentado por la Fiscalía, el material habría sido entregado el 29 de septiembre de 2014 al entonces gobernador Ángel Aguirre.
La testigo sostiene que, un día después, Aguirre convocó a colaboradores cercanos, entre ellos el entonces procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, para presuntamente ordenar acciones encaminadas a ocultar y destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Estos señalamientos forman parte de los datos de prueba que la FGR presentó ante el juez para sustentar la imputación.
Aguirre rechaza acusaciones y asegura tener la conciencia tranquila
Durante la audiencia, el exgobernador se reservó inicialmente su derecho a declarar. Sin embargo, al concluir la presentación de los cargos tomó la palabra para expresar su postura.
Aguirre Rivero lamentó los hechos ocurridos contra los estudiantes de Ayotzinapa y sostuvo que durante los años posteriores a la desaparición de los normalistas colaboró con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
El exmandatario guerrerense rechazó los señalamientos formulados en su contra y afirmó que tiene la conciencia tranquila.
¿Cuándo se definirá si Ángel Aguirre es vinculado a proceso?
La situación jurídica de Ángel Aguirre todavía no está definida de manera definitiva.
La audiencia continuará el martes 11 de agosto, mientras que el juez tendrá como plazo hasta las 20:00 horas del miércoles 12 de agosto para determinar si existen elementos suficientes para vincularlo o no a proceso por los delitos que le atribuye la FGR.
Por ahora, el exgobernador permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en el marco del proceso judicial relacionado con el caso Ayotzinapa.
FGR señala un nuevo modelo de investigación
Después de la audiencia, el Ministerio Público Federal informó que la acusación contra Aguirre Rivero es resultado de un nuevo modelo de investigación aplicado por la FGR en coordinación con distintas instituciones.
Entre ellas se encuentran la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
A estas investigaciones también se incorporará el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).
La Fiscalía señaló que se realizó un nuevo análisis de las actuaciones existentes y que este proceso permitió abrir nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Según la FGR, los trabajos realizados permitieron obtener datos de prueba sobre la posible participación de Aguirre Rivero en el ocultamiento de evidencias y sostienen que la instrucción habría sido girada directamente por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
Detención de Ángel Aguirre
El exgobernador de Guerrero fue detenido el jueves por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.
Aguirre fue localizado cuando circulaba por la carretera México-Querétaro y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial con sede en el Altiplano.
Su detención y la posterior imputación representan un nuevo capítulo judicial en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuya desaparición continúa siendo objeto de investigaciones por parte de las autoridades federales.
La próxima fecha clave será el 12 de agosto, cuando el juez determine si Ángel Aguirre Rivero debe ser vinculado a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República.
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