Con el propósito de implementar y reforzar medidas para evitar la venta de bebidas alcohólicas cerca de las escuelas, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó un punto de acuerdo en sesión de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso del Estado.
Durante la sesión, se dio cuenta del punto de acuerdo por el que se exhorta a los 217 Ayuntamientos, a implementar y reforzar medidas regulatorias en sus códigos reglamentarios para evitar la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles ubicados en un radio de 200 metros alrededor de centros educativos de nivel básico, medio superior y superior, conforme a lo establecido en la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado de Puebla y demás ordenamientos aplicables.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó una iniciativa para imponer de seis a diez años de prisión y multa de 300 a 900 Unidades de Medida y Actualización, a personas físicas que publiquen en medios impresos o sitios de internet anuncios con la finalidad de reclutar a personas para actividades que puedan ser propias de delitos de trata de personas.
Así como establecer que las autoridades estatales y municipales deben supervisar a empresas o personas físicas que publiquen este tipo de anuncios.
La propuesta para reformar el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y adicionar el artículo 479 al Código Penal del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
Además, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala presentó una iniciativa para adicionar la fracción III al artículo 225 del Código Penal de Estado, para establecer que se tipifique como delito la divulgación, distribución, publicación o difusión de imágenes, videos o audios de contenido íntimo o sexual que hayan sido generados, modificados o alterados mediante inteligencia artificial u otras tecnologías digitales sin el consentimiento expreso de la persona cuya imagen, voz o identidad se utilice.
Con el fin de proteger su intimidad, dignidad, reputación e integridad ante nuevas formas de violencia digital y disminuir las lagunas legales derivadas del uso indebido de las herramientas digitales emergentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Te puede interesar: Identican a víctima hallada emplayada en
Cuautlancingo; crimen ligado a grupo delictivo