Gabriela García Muñoz
Tras más de tres meses de intensa lucha y organización social, trabajadores, pensionados y litigantes laboralistas lograron un acuerdo significativo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en respuesta a la controvertida supresión de la Junta Especial número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA 33) con sede en Puebla.
El cierre de la JFCA 33, efectuado el 17 de junio de 2024, fue considerado por los afectados como una violación al derecho de Acceso a la Justicia, garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos convenios internacionales. Esta acción provocó una inmediata respuesta colectiva, que incluyó el resguardo de expedientes para evitar su traslado a otras entidades.
Después de meses de resistencia y protesta social, se acordó que los casos obrero-patronales en fase de instrucción serán atendidos por la Junta Especial 46 en Tlaxcala.
Además, se creará una Oficina Auxiliar en Puebla para manejar asuntos relacionados con IMSS, ISSSTE, INFONAVIT y AFORES en fase de instrucción.
Los casos de seguridad social en fase de dictamen, laudo y ejecución, inicialmente enviados a Oaxaca, serán trasladados a la Junta Especial 46 en Tlaxcala. Mientras que los asuntos no relacionados con seguridad social en fase de dictamen se tramitarán en la Junta Especial 32 en Oaxaca.
Este acuerdo representa una victoria significativa para los derechos laborales. De los 6,000 expedientes que se planeaba enviar a Oaxaca, solo 243 serán trasladados. A partir del lunes próximo, las autoridades iniciarán el proceso de inventario y distribución de expedientes, con los términos procesales reanudándose el 4 de noviembre.
Los representantes de los trabajadores y litigantes destacaron la importancia histórica de esta lucha, que demuestra el poder de la organización social en la defensa de los derechos laborales.
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