La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial con el objetivo de combatir los fraudes digitales, la falsificación y la piratería en México.
Entre las principales disposiciones se contempla imponer hasta cinco años de prisión a quienes utilicen la imagen de instituciones públicas con fines comerciales para engañar a la población y cometer delitos.
Asimismo, las modificaciones establecen sanciones económicas y penas de hasta 10 años de cárcel para quienes divulguen, publiquen, comuniquen o distribuyan, sin autorización, obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial, ya sea en formato físico o digital.
Buscan frenar sitios web falsos que simulan trámites oficiales
Durante la discusión legislativa, el diputado de Morena, Julio César Moreno Rivera, explicó que uno de los propósitos de la reforma es combatir los portales de internet que utilizan de manera indebida la imagen de dependencias gubernamentales para hacerse pasar por sitios oficiales.
Este tipo de páginas puede inducir a las personas a creer que están realizando trámites legítimos, cuando en realidad buscan obtener dinero mediante engaños.
Con las nuevas disposiciones, se pretende fortalecer las herramientas legales para enfrentar este tipo de fraudes y proteger a los usuarios frente a prácticas que aprovechan la identidad visual de las instituciones públicas.
Reforma genera debate por la libertad de expresión
Los cambios legales también provocaron diferencias entre las fuerzas políticas, principalmente por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Mary Carmen Bernal Martínez, defendió el derecho de la ciudadanía a expresarse mediante memes, caricaturas políticas y críticas, al señalar que estas manifestaciones están protegidas por los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana.
En contraste, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, manifestó que la reforma representa una amenaza para la libertad de expresión.
El intercambio de posturas puso sobre la mesa la discusión acerca de cómo combatir los delitos digitales y proteger los derechos de autor sin afectar la crítica política, la sátira y otras formas de expresión ciudadana.
Cambios legales buscan proteger la propiedad intelectual
Además de combatir los fraudes en línea, la reforma busca actualizar el marco jurídico mexicano en materia penal y de propiedad intelectual, así como reforzar las acciones contra la reproducción y distribución ilegal de contenidos.
Las modificaciones también responden a compromisos internacionales asumidos por México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el documento fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con ello, la reforma avanza en su proceso legislativo, mientras permanece el debate sobre la aplicación de las sanciones y la necesidad de garantizar que las medidas contra los delitos digitales sean compatibles con los derechos fundamentales.
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