Josué Avalos
Un operativo de inteligencia desplegado en el interior del estado permitió desarticular un intento de extorsión y secuestro. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró la detención de Octavio N., alias “Tabo”, de 24 años de edad, y de un adolescente de 16 años, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado en contra de un adulto mayor en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.
De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por la FGE, los hechos se desencadenaron el pasado 16 de julio de 2026, cuando el hijo de la víctima —un hombre de 85 años de edad— recibió mensajes amenazantes en los que se le notificaba que su padre había sido privado de la libertad. Los delincuentes exigieron un pago de 6.5 millones de pesos como rescate, dando un margen estricto de 48 horas para reunir la suma solicitada. A partir del 18 de julio se entabló una comunicación constante mediante mensajes de texto. Para el 21 de julio de 2026, los presuntos secuestradores aceptaron un pago inicial de “buena voluntad” por la cantidad de 100 mil pesos en efectivo.
Ante la gravedad del caso, los familiares solicitaron el asesoramiento directo de los agentes investigadores de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE). Con la denuncia formal presentada, el personal táctico diseñó un operativo de pago controlado para capturar a los sospechosos en flagrancia. La intervención tuvo lugar en la junta auxiliar de Santa María la Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, momento exacto en el que Octavio N., alias “Tabo”, y el menor de 16 años acudieron al punto pactado para cobrar el dinero. En el sitio del arresto, las fuerzas de seguridad aseguraron los 100 mil pesos en efectivo entregados en el paquete, un dispositivo de teléfono celular utilizado para la extorsión y tres empaques de chips telefónicos.
Tras la captura en flagrancia, Octavio N., “El Tabo”, fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, donde se decretó su retención formal para la integración de la investigación complementaria y su posterior judicialización ante un Juez de Control. Por su parte, el menor de 16 años de edad fue turnado a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la FGE, instancia que determinará su situación legal conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
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