Josué Avalos
El avión que protagonizó uno de los capítulos más enigmáticos y polémicos en la historia reciente del narcotráfico internacional ha dejado los hangares judiciales para convertirse en una parada turística. A casi dos años del vuelo del 25 de julio de 2024 que culminó con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López en suelo norteamericano, la aeronave ha sido abierta al público en un museo de Estados Unidos.
Cualquier persona interesada en conocer el escenario de este histórico traslado puede hacerlo en el War Eagles Air Museum, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, pagando un boleto de entrada general de 15 dólares (aproximadamente 280 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual).
La aeronave, un bimotor Beechcraft King Air 200, fue entregada formalmente al museo mediante una donación oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Debido a las irregularidades del vuelo y a su estatus legal, el jet ejecutivo ya no tiene permitido volver a volar ni puede ser comercializado en la Unión Americana, por lo que su destino final es educativo y de exhibición temporal. Quienes pagan su boleto de acceso no solo pueden ver el fuselaje por fuera, sino que tienen permitido subir a la cabina y recorrer el interior, el cual fue preservado de forma casi idéntica a como aterrizó aquel día. Los visitantes pueden observar de cerca las butacas ejecutivas donde viajaron el líder histórico del Cártel de Sinaloa y el hijo de “El Chapo” Guzmán. Como un detalle que ha llamado poderosamente la atención, el museo optó por mantener en vitrinas y displays los restos de comida y bebidas que los capos consumieron durante el trayecto, incluyendo envolturas de Doritos, jugos Jumex y latas de Coca-Cola.
Más allá del morbo que genera entre los apasionados de la aviación y las historias del crimen organizado, la apertura de esta sala interactiva ha vuelto a encender los focos rojos en la diplomacia binacional. Durante meses, el gobierno de Estados Unidos —a través de su entonces embajador Ken Salazar— sostuvo firmemente la versión de que las agencias norteamericanas no habían planeado, financiado ni ejecutado operativamente el traslado forzoso de Zambada, catalogándolo como una entrega voluntaria por parte de Guzmán López.
Sin embargo, el hecho de que el FBI sea la entidad que donó formalmente el avión y que las mamparas informativas del museo atribuyan de manera abierta el éxito del operativo a la inteligencia estadounidense, ha sido tomado por el Gobierno de México como una confirmación implícita de su intervención en territorio nacional sin autorización. Ante esto, la cancillería mexicana ha vuelto a exigir aclaraciones sobre las implicaciones legales y la violación a la soberanía que este vuelo pudo haber representado. Mientras los tribunales en Nueva York definen el futuro legal del capo —cuya sentencia está programada para este mismo mes de julio—, el King Air permanecerá en exhibición inicial por dos años. Si el museo decide no renovar el convenio, el avión que cimbró las estructuras del narcotráfico y la diplomacia será finalmente desmantelado.
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