Alejandro Mario ‘N’, hermano del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, por autoridades federales.
De acuerdo con los datos en el Registro Nacional de Detenciones, la captura se ejecutó con éxito durante la noche del 9 de julio.
Empresas fachada y lavado de dinero
El nombre de Alejandro Mario ‘N’ cobró una fuerte notoriedad jurídica tras ser incorporado activamente en los expedientes de investigación estructurados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El Ministerio Público Federal lo identifica como una pieza presuntamente relacionada con un sofisticado entramado financiero que operaba a través de las siguientes conductas ilícitas:
- Red de empresas fachada: Utilización de corporaciones simuladas (“factureras”) para simular operaciones comerciales y la prestación de servicios inexistentes.
- Lavado de dinero: Triangulación y dispersión de capitales con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar el rastreo de las autoridades fiscales.
- Peculado: Posible complicidad en el desvío sistemático de cuantiosos recursos económicos pertenecientes al erario público.
La investigación a Víctor Manuel Álvarez Puga
La relevancia de esta captura radica en la conexión directa con su hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga, y su cuñada, Inés Gómez Mont. Ambos personajes se convirtieron en prófugos de la justicia mexicana desde el año 2021, cuando la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en su contra y solicitó la emisión de fichas rojas a la Interpol por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
La investigación oficial sostiene que la pareja presuntamente lideró una organización delictiva encargada de desviar cerca de 2 mil 950 millones de pesos del erario federal. Este fraude masivo se consumó mediante contratos simulados asignados sin licitación con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Los recursos, originalmente destinados a la infraestructura y tecnología de los penales federales del país, terminaron diluidos en cuentas bancarias personales y propiedades inmobiliarias de lujo en el extranjero tras pasar por el filtro de las empresas fantasmas.
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