La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) dio a conocer el inicio formal de tres quejas de investigación derivadas de un operativo ocurrido el pasado 11 de junio de 2026 en el municipio de San Andrés Cholula.
Las indagatorias buscan esclarecer las presuntas violaciones a los derechos fundamentales cometidas en agravio de una mujer y sus dos hijos —un infante y una adolescente— por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
A través de un pronunciamiento oficial, el organismo defensor detalló que los hechos corresponden a la actuación de los policías, la cual será evaluada bajo tres vertientes jurídicas de especial relevancia:
1. Uso desproporcionado de la fuerza pública
La CDH Puebla indaga el probable uso indebido o desproporcionado de la fuerza ejercido por los uniformados durante el arresto o intervención. Los visitadores analizarán si los policías municipales contravinieron lo estipulado en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como los manuales y protocolos de contención vigentes para corporaciones locales.
2. Omisión al interés superior de la niñez
El segundo eje acusa la inobservancia de las autoridades municipales al interés superior de la niñez. De acuerdo con el organismo, existió una falta de aplicación de protocolos de resguardo para los dos menores de edad que presenciaron los hechos y una presunta vulneración a la preservación de su intimidad, lo cual transgrede de forma directa el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
3. Filtración de videos y violación de datos personales
Finalmente, la Comisión persigue la difusión pública indebida de imágenes y videograbaciones de la ciudadana que fue asegurada. La divulgación de estos materiales digitales y de sus datos personales en redes o medios constituye una conducta que lacera derechos de rango constitucional como la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho a la propia imagen.
La CDH Puebla recordó a los mandos policiales que todo acto de las instituciones de seguridad debe regirse de manera estricta bajo los principios de legalidad, confidencialidad, objetividad y respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales.
“Si bien es tarea del Estado garantizar la seguridad y mantener el orden público, esta función jamás puede ejecutarse de manera arbitraria”, puntualizó el organismo autónomo.
Las investigaciones continuarán desarrollándose con imparcialidad y rigor técnico para emitir la resolución correspondiente. Asimismo, se emitió un llamado a las autoridades municipales para que coloquen la dignidad humana y la protección a las infancias al centro de sus funciones operativas.
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