La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció una actualización crucial sobre dos de las investigaciones de alto impacto que realiza en el norte del país, involucrando a altos mandos políticos de Sinaloa y Chihuahua, así como el desmantelamiento de infraestructura del narcotráfico.
Investigación en Sinaloa: Avanzan comparecencias de funcionarios con licencia
Respecto a la indagatoria que se sigue a 10 ciudadanos del estado de Sinaloa —entre los que destacan el gobernador, un senador y un presidente municipal, todos actualmente con licencia— la FGR confirmó que cinco de ellos ya han comparecido ante las autoridades de manera formal.
La institución precisó que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar si las conductas observadas encuadran en algún delito. Asimismo, la Fiscalía aclaró de manera tajante que ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol.
“La información obtenida hasta el momento servirá para atender las líneas de investigación que se siguen y se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para alcanzar la verdad y la justicia en este caso”, señaló la dependencia en un comunicado.
Caso Chihuahua: Gobernadora rechaza testificar presencialmente sobre agentes extranjeros
Por otro lado, la FGR detalló los avances tras el hallazgo de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua. Este operativo cobró relevancia internacional al dejar al descubierto la presunta presencia de agentes extranjeros en territorio nacional.
Con el fin de esclarecer la participación de dichos agentes en actividades de seguridad en México, la Fiscalía citó a comparecer al exfiscal general de la entidad y a la gobernadora constitucional de Chihuahua.
Sin embargo, la Fiscalía informó que la mandataria estatal limitó su colaboración a la entrega de un escrito en el que manifestó su indisposición para aportar información de viva voz de forma presencial.
Inmunidad procesal vs. Colaboración con la justicia
Ante la respuesta de la titular del Ejecutivo de Chihuahua, la FGR fijó una postura clara respecto al marco legal y las obligaciones de los servidores públicos:
- Inmunidad procesal: La Fiscalía reconoció que este derecho impide que determinadas figuras públicas sean procesadas penalmente de forma directa.
- Deber ciudadano y político: La FGR enfatizó que el fuero o la inmunidad no exime ni impide que una persona servidora pública aporte información valiosa para el esclarecimiento de hechos delictivos.
Finalmente, las autoridades confirmaron que el laboratorio clandestino en Chihuahua ya fue desmantelado en su totalidad, asegurando, embalando y trasladando todas las sustancias químicas localizadas para su posterior destrucción bajo estrictos protocolos de seguridad.
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