Julio César Morales
En el estado de Puebla, el retiro de la patria potestad a mujeres que ejercen el trabajo sexual constituye una posible violación a los derechos humanos y puede afectar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que es urgente actualizar la legislación vigente. Así lo señaló la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, Gabriela Chumacero Rodríguez, al presentar una iniciativa para reformar el Código Civil del estado.
La legisladora explicó que actualmente existe un vacío legal que permite que familiares utilicen el argumento del trabajo sexual como supuesto “peligro moral” para reclamar la guarda y custodia de menores, lo que abre la puerta a decisiones judiciales que podrían resultar discriminatorias.
Señalan discriminación en criterios judiciales
Chumacero Rodríguez subrayó que considerar el trabajo sexual como una “falta de idoneidad” para la crianza vulnera derechos fundamentales de las mujeres, pues se trata de un criterio basado en prejuicios y no necesariamente en el bienestar real de los menores.
Indicó que, en la práctica, algunos jueces toman en cuenta la actividad laboral de las madres como un elemento determinante para resolver disputas de custodia, lo que —dijo— perpetúa estigmas y puede derivar en la separación injustificada de las familias.
Impacto en el desarrollo de niñas y niños
La diputada advirtió que retirar la patria potestad bajo estos argumentos no solo afecta a las mujeres, sino también al desarrollo emocional y social de los menores, quienes pueden enfrentar rupturas familiares innecesarias.
En ese sentido, la iniciativa busca garantizar que las decisiones sobre guarda y custodia se basen en criterios objetivos centrados en el interés superior de la niñez, y no en juicios morales sobre la ocupación de los padres o madres.
Objetivo de la reforma
La propuesta plantea modificar el Código Civil de Puebla para cerrar el vacío legal y evitar interpretaciones que permitan usar el trabajo sexual como motivo para limitar derechos parentales, reforzando así el principio de no discriminación.
Chumacero Rodríguez sostuvo que la actualización normativa es necesaria para asegurar que las resoluciones judiciales se apeguen a estándares de derechos humanos y protejan tanto a las madres como a sus hijos.
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