- Gobierno de Puebla suspenderá pagos por más de 4 mil 300 millones de pesos y abre confrontación legal por contrato heredado
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que su administración se declarará en moratoria de pagos respecto a la deuda del CIS Angelópolis, una obligación financiera que asciende a 4 mil 300 millones de pesos y que debía cubrirse hasta el año 2037, calificando el compromiso como “inmoral”, “incorrecto” y lesivo para el erario público.
La decisión marca un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno de Puebla y los tenedores del contrato del Centro Integral de Servicios (CIS), principalmente la familia Abed, y representa una ruptura frontal con el modelo de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) heredado de administraciones anteriores.
Moratoria de pagos: Asegura que contrato del CIS es inmoral e incorrecto
Durante su conferencia de prensa, el mandatario estatal fue contundente al señalar que no continuará pagando una deuda que considera inflada y abusiva, aun si ello implica enfrentar consecuencias políticas o legales.
“Me voy a declarar en moratoria, no voy a pagarlos, y si me destituyen, que me destituyan. Es inmoral e incorrecto pagar 4 mil 300 millones de pesos por algo que no vale más de mil millones”, sentenció Alejandro Armenta.
Con esta declaración, el Gobierno de Puebla pasa del ultimátum a la acción, luego de que el pasado 18 de noviembre el propio gobernador exigiera a los responsables del contrato una renegociación que finalmente fue rechazada.
La deuda del CIS: Cifras que encendieron la confrontación
El gobernador detalló los números que sustentan su decisión. De acuerdo con la información oficial:
- De 2012 a diciembre de 2025, el Estado ya habrá pagado 2 mil 617 millones de pesos por el CIS.
- La deuda restante, de 4 mil 300 millones, debía cubrirse hasta 2037.
- El costo total final del CIS superaría los 7 mil millones de pesos.
Armenta contrastó estas cifras con el costo real estimado de construcción, que —incluso considerando utilidades— no debería superar los 1 mil 500 millones de pesos. La diferencia, superior a 5 mil 500 millones de pesos, fue calificada por el gobernador como un “saqueo al erario”.
Origen del conflicto: Contratos PPS y herencia del morenovallismo
La deuda del CIS se originó en 2012, durante una administración panista, mediante un contrato bajo el esquema PPS. El proyecto fue otorgado al Consorcio Aristos S.A.B. de C.V., propiedad de los herederos de la familia Abed, junto con el SUTERM.
Este modelo no solo permitió la construcción del inmueble, sino que convirtió a la empresa en acreedora del Estado por décadas, bajo condiciones que hoy el actual gobierno considera desproporcionadas y dañinas para las finanzas públicas.
“¿Quién pensó en esto?, ¿con qué interés?, ¿qué partido político gobernaba cuando se hizo este saqueo?”, cuestionó Armenta, llamando a la ciudadanía a no olvidar el origen de la deuda.
De ultimátum a ruptura: La negociación que fracasó
En noviembre, el gobernador Alejandro Armenta pidió públicamente a los socios del consorcio que actuaran con “vergüenza” y aceptaran una renegociación del contrato. Sin embargo, la negativa de los acreedores cerró la puerta al diálogo, detonando la actual moratoria de pagos.
La decisión coloca a Puebla en una confrontación legal directa, donde el gobierno buscará invalidar o revertir la carga financiera que considera excesiva.
Impacto presupuestal y mensaje político
Armenta aseguró que el CIS se ha convertido en un “Leviatán presupuestal”, que impide destinar recursos a obras sociales, desarrollo comunitario y atención a necesidades prioritarias.
La moratoria de pagos no solo es una decisión financiera, sino también un mensaje político: el gobierno estatal afirma que no seguirá pagando deudas que comprometan el futuro de Puebla.
¿Qué sigue tras la moratoria de pagos del CIS?
Hasta el momento, no se ha informado sobre una respuesta legal inmediata por parte de los acreedores, pero el escenario apunta a un proceso jurídico de alto impacto, con implicaciones financieras, políticas y administrativas para el estado.
Mientras tanto, el gobernador reiteró que su administración asumirá las consecuencias de esta decisión, defendiendo que se actúa en favor del interés público.
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