El menor de 15 años que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue sancionado este miércoles con siete años de privación de la libertad en un centro especializado, tras ser declarado responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la sentencia fue impuesta bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual establece sanciones de hasta ocho años para jóvenes de 14 a 18 años. El proceso avanzó con celeridad y en tan solo 80 días se logró un fallo de primera instancia.
¿Quién era el menor y cómo ocurrió el atentado?
El sicario, cuyo nombre se mantiene en reserva por ser menor de edad, fue capturado en flagrancia el 7 de junio en Bogotá, minutos después del ataque armado contra Uribe Turbay, ocurrido en el parque El Golfito, en el barrio Modelia.
Según las investigaciones, el joven recibió una pistola Glock 9 milímetros de manos de Elder José Arteaga Hernández, señalado como uno de los coordinadores del crimen. El traslado del menor hasta el lugar del mitin político fue realizado por Carlos Eduardo Mora González, otro de los detenidos por su presunta participación en la logística del atentado.
La Fiscalía detalló que, tras descender del vehículo, el menor caminó hasta el lugar donde el precandidato del Centro Democrático encabezaba un acto político y abrió fuego contra él. Durante la huida, fue interceptado por el esquema de seguridad del senador y entregado a las autoridades.
Una sanción ejemplar bajo la Ley de Infancia y Adolescencia
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, destacó que bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se aplicó “una de las sanciones más altas al menor” que cometió el crimen.
La sentencia aún no es definitiva, ya que la defensa puede interponer recursos legales, sin embargo, marca un precedente en el tratamiento de casos de violencia política en los que participan adolescentes reclutados para sicariato.
Magnicidio y sospechas sobre grupos armados
El pasado 11 de agosto, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, confirmó que el asesinato de Uribe Turbay fue tipificado como magnicidio, al tratarse de un crimen contra una figura política de alto perfil.
Camargo afirmó que los autores materiales y logísticos ya enfrentan procesos judiciales, pero subrayó que continúa la búsqueda de los determinadores del crimen, sin descartar ninguna hipótesis.
Entre las líneas de investigación figura la posible participación de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, señalada por la Policía como potencial responsable intelectual del atentado.
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Impacto político y memoria histórica
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto tras agonizar más de dos meses por las heridas de bala en la cabeza, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el país, especialmente en un contexto en el que faltan menos de 12 meses para las elecciones presidenciales de 2026.
El crimen revive los fantasmas de la violencia política de la década de los noventa, cuando fueron asesinados tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.
En respuesta, el Gobierno colombiano ha encabezado al menos tres reuniones extraordinarias de seguridad para analizar los avances de la investigación, reforzar la protección a figuras políticas y evitar que se repitan episodios similares en el actual proceso electoral.
Contexto y consecuencias
La muerte de Uribe Turbay, quien se perfilaba como una de las principales figuras del Centro Democrático para las presidenciales, representa no solo una pérdida para la oposición de derecha, sino un golpe a la estabilidad política de Colombia.
El hecho de que un adolescente de 15 años fuera el autor material del ataque ha abierto un debate nacional sobre el reclutamiento de menores en actividades criminales y violentas, un problema que sigue afectando a varias regiones del país.
Mientras la Fiscalía avanza en la judicialización de los responsables y en la búsqueda de los autores intelectuales, la sociedad colombiana enfrenta nuevamente la urgencia de garantizar la seguridad de sus líderes y de blindar las próximas elecciones de la sombra del terrorismo político.
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