Héctor Sánchez Morales, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), anunció que la organización redoblará esfuerzos para que las extorsiones sean investigadas de oficio, al considerarlas una grave amenaza al desarrollo económico del estado. Esta iniciativa busca combatir el cobro de derecho de piso, identificado como uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico en Puebla.
El impacto devastador de las extorsiones en la economía
Sánchez Morales destacó que el cobro de derecho de piso está generando efectos devastadores en el sector productivo.
“Esta práctica obliga a empresarios a cerrar sus negocios o incluso abandonar la ciudad, lo que contradice nuestro objetivo de promover la inversión en el estado”, afirmó el líder empresarial. Según datos del CCE, en Puebla se registran aproximadamente 1,500 extorsiones telefónicas por semana, lo que evidencia la magnitud de esta problemática.
Sectores económicos bajo amenaza
El presidente del CCE señaló que el sector de la construcción es uno de los más afectados, con reportes constantes de llamadas amenazantes que incluyen información detallada sobre las empresas, sus representantes legales y datos fiscales. Esta precisión refleja el alto grado de organización de las bandas criminales. “El problema afecta a todas las actividades económicas, con demandas que van desde 300 hasta 100 mil pesos, dejando claro que ninguna empresa está exenta”, aseguró Sánchez Morales.
Llamado a la acción: Investigación de oficio
Ante este panorama, el CCE intensificará sus gestiones para que las autoridades investiguen las extorsiones de oficio. “Es crucial que las extorsiones sean perseguidas sin necesidad de denuncia previa, ya que el miedo a represalias inhibe a muchas víctimas”, explicó Sánchez Morales. Esta medida busca garantizar un entorno seguro para la inversión y el desarrollo económico en Puebla.
Compromiso del CCE con el crecimiento económico
El Consejo Coordinador Empresarial reafirma su compromiso de trabajar con las autoridades y el sector privado para erradicar esta práctica criminal.
“Nuestra prioridad es proteger a los empresarios y fomentar un entorno favorable para la inversión, el empleo y el desarrollo económico en el estado”, concluyó el presidente del CCE.
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