La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Misión de Observación Electoral (MOE), recomendó no replicar el modelo mexicano de elección judicial en otros países de América Latina. Esta advertencia se basa en los múltiples problemas detectados durante el primer proceso de elección directa de jueces y magistrados en México, celebrado el pasado 1 de junio, en el que apenas participó el 13 % del electorado.
En su informe preliminar, la MOE expresó que este modelo carece de precedentes a nivel mundial y que podría debilitar la imparcialidad, la independencia y la eficacia del Poder Judicial.
“La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, subraya el documento.
Críticas a la elección judicial en México
Durante estos comicios históricos, se eligieron más de 880 cargos judiciales federales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como parte de la reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Entre los principales señalamientos del informe de la MOE destacan:
- Baja participación ciudadana (13 %).
- Alto porcentaje de votos nulos y no marcados (10.80 %).
- Falta de estandarización en la evaluación de candidatos.
- Riesgo de coacción al voto mediante el uso de “acordeones” con listas de candidatos sugeridos.
- Posible politización de las decisiones judiciales por la reelección y mandatos de nueve años.
La misión de la OEA también expresó su preocupación por la composición de la nueva SCJN, ya que seis de los nueve ministros fueron propuestos por una comisión del Ejecutivo y tres ya formaban parte del máximo tribunal, lo que plantea dudas sobre su autonomía e independencia real.
Riesgos para la democracia e imparcialidad judicial
La MOE advirtió que este modelo podría llevar a que jueces y juezas prioricen intereses electorales sobre criterios jurídicos, especialmente ante la posibilidad de reelección.
“La falta de estabilidad en el cargo podría afectar el accionar independiente de los operadores de justicia”, indicó el informe.
Además, el documento recuerda que organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han manifestado preocupaciones similares, cuestionando la compatibilidad de esta reforma judicial con los estándares internacionales de independencia judicial.
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